Esta petición es para que la firmen salvadoreños y salvadoreñas. Será mandada a la Asamblea Nacional en San Salvador. Ya que las y los salvadoreños viviendo en el extranjero podremos votar en las elecciones presidenciales de febrero 2014, es crítico que cada uno de nosotros y nosotras tomemos la oportunidad para hacer que se escuchen nuestras voces . No importa adonde vivimos, o a cual partido político elegimos, El Salvador es nuestra patria. El envenenamiento del Río Lempa a causa del cianuro usado en el procesos para extraer el oro quedará por décadas, quizás hasta un siglo. Únanse y firmen la petición, también mándenla a sus amigos y familiares donde sea que vivan.

– Lita Trejo, Washington, DC
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Las Naciones Unidas han declarado a El Salvador como uno de los países más vulnerables en materia ambiental. El Banco Mundial estima que 90% de las aguas superficiales en El Salvador están contaminadas.  Además, 1.4 millones de salvadoreños no tienen acceso al agua potable.

Desde el año 2000, más de 10 empresas mineras extranjeras han buscado extraer oro y otros metales preciosos de los altos del norte del país, donde se encuentran las principales fuentes de agua potable, aire fresco, y producción agrícola. Los riesgos de la minería a gran escala son muy graves, en particular en un país pequeño, densamente poblado y  con recursos hídricos en crisis  como El Salvador.

En el 2009, el gobierno salvadoreño accedió a la presión social y suspendió la entrega de permisos de exploración y explotación minera. A raíz de esta decisión,  las empresas mineras Commerce Group, con sede en los Estados Unidos, y Pacific Rim, con sede en Canadá demandaron al Estado Salvadoreño por más de 400 millones de dólares ante el CIADI, un tribunal internacional auspiciado por el Banco Mundial. Aunque el caso Commerce Group fue anulado a finales de agosto del 2013; Pacific Rim continúa con su demanda, imponiendo al país  millones de dólares en gastos legales.

Si el gobierno salvadoreño otorgaría un permiso a Pacific Rim, la filtración de productos químicos tóxicos que se utilizan para separar el oro de la  roca, como el cianuro  podrían envenenar el río Lempa, principal fuente de agua potable para más de la mitad de la población salvadoreña.

Además de los riesgos por proyectos mineros en territorio salvadoreño, el país también enfrenta las amenazas de la minería transfronteriza. 49 proyectos transfronterizos podrían afectar el agua, la tierra, y la vida en El Salvador.  Uno de estos casos es la mina Cerro Blanco de la empresa canadiense Goldcorp ubicada en Guatemala a solo 14 kilómetros del Lago de Güija, que se conecta con los ríos Ostúa y Tangué.

Permitir la minería a gran escala en El Salvador y sus fronteras implica aceptar riesgos al territorio salvadoreño y a su población que NO podemos tolerar.

Por lo tanto los abajo firmantes hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa para que se comprometan a implementar leyes que:

1. Prohíban permanentemente la minería metálica a gran escala en el país;
2. Defiendan a las y los salvadoreños y su territorio de la amenaza que presentan los múltiples proyectos de minería a gran escala en las fronteras con Guatemala y Honduras;
3. Declaren al agua como derecho humano y legislen su administración pública para  asegurar su sustentabilidad;
4. Defiendan la soberanía nacional y prohíban la firma de tratados comerciales que permitan a las empresas extranjeras utilizar tribunales internacionales como el CIADI para demandar al estado salvadoreño.

This is a petition for Salvadorans to sign. It will be sent to the National Assembly in San Salvador. And, now that Salvadorans living abroad are allowed to vote in the March 2014 presidential election, it is critical that each of us take this opportunity to make our voices heard. It does not matter where we currently live, or what party we belong to. El Salvador is our homeland. The poisoning of the Lempa River by cyanide used in mining will last for decades, perhaps a century. Join us. Sign the petition. And forward it to your friends and family wherever they may live.

– Lita Trejo, Washington, DC
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The United Nations has declared El Salvador one of the most environmentally vulnerable countries in the world. The World Bank estimates that 90% of El Salvador’s surface water is contaminated. In addition, 1.4 million Salvadorans live without access to safe drinking water.

Since 2000, more than 10 foreign mining companies have been looking to extract gold and other precious metals that lie in the northern mountains, home to El Salvador’s main sources of clean water, fresh air, and agricultural production. Large-scale mining poses huge risks; in particular in small and densely populated countries already experiencing a clean water crisis such as El Salvador/

In 2009, the Government of El Salvador declared it would stop granting permits for the exploration and exploitation of minerals, a result of strong social pressure. In response, two mining companies –Commerce Group, a company based in the United States, and Pacific Rim, based in Canada – sued the Government for more than USD 400 million before ICSID, an international tribunal sponsored by the World Bank. Although the Commerce Group case was dismissed in late August 2013, the Pacific Rim case continues, imposing millions in legal fees.

If the Salvadoran government grants a permit to Pacific Rim, the filtration of toxic chemicals that are used to separate the gold from the rock – such as cyanide – could poison the Lempa River, the main source of drinking water for more than half of the Salvadoran population.

In addition to risks posed by mining within the country, El Salvador also faces risks from international mining projects. 49 cross-border projects currently threaten Salvadoran water, land, and life. One such case is the Cerro Blanco mine in Guatemala, owned by the Canadian company, Goldcorp. Cerro Blanco is located just 14 kilometers from El Salvador’s Lake Güija, which is connected to the Ostúa and Angue rivers.

Large-scale mining in El Salvador and along its borders poses risks to the country and its citizens that we CANNOT tolerate.

Therefore, we call on the Legislative Assembly to commit to implement laws that:

1. Prohibit large-scale mining in the country permanently.
2. Defend Salvadorans and their territory from threats posed by the many large-scale mining projects located along the borders with Guatemala and Honduras.
3. Declare water as a human right and enact legislation to benefit the public interest and sustainability.
4. Defend national sovereignty and prohibit the signing of trade agreements that allow foreign companies to use international tribunals like ICSID to sue the Salvadoran state