Bolivia – El 31 de marzo de 2026, los municipios de Palos Blancos y Alto Beni recibieron el reconocimiento «Comunidades Azules» por su compromiso con la conservación del agua, la defensa de su territorio, la protección del medio ambiente y el rechazo a todas las formas de privatización y comercialización del agua.

El documento se firmó el 24 de marzo de 2026 y la ceremonia oficial tuvo lugar el 27 de marzo de 2026 en la sede de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP). Óscar Olivera, de la Fundación Abril y líder de la Guerra del Agua de Cochabamba del año 2000, entregó los premios.

Este logro refleja la culminación de más de cinco años de esfuerzo organizado por parte de las comunidades locales, los ayuntamientos y las organizaciones de base, comprometidas con “la conservación del agua, la defensa de sus tierras, la protección del medio ambiente y el rechazo a todas las formas de privatización y comercialización del agua”.

“Hemos podido comprobar la coherencia y el compromiso con el reconocimiento del agua como bien común, el rechazo a toda forma de privatización, comercialización y mercantilización del agua, así como la gestión medioambiental administrativa —tan transparente como el agua misma— llevada a cabo por los gobiernos autónomos de Alto Beni y Palos Blancos, que les hacen merecedores de este reconocimiento como Comunidad Azul”. — – Javier Márquez, Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas

Las operaciones mineras, que históricamente han tenido prioridad sobre la salud pública y la calidad del agua, han provocado que las comunidades situadas a lo largo del río Beni, aguas abajo de las zonas mineras, hayan denunciado contaminación por mercurio, problemas de salud y escasez de peces. Bolivia es, desde hace tiempo, uno de los principales importadores de mercurio del mundo, y abastece principalmente a las cooperativas de extracción de oro. 

En respuesta a ello, las comunidades bolivianas han luchado por proteger las fuentes de agua que nacen en las montañas y alimentan el río La Paz, rechazando la minería con uso intensivo de mercurio y reforzando la gobernanza local sin extractivismo. El acuerdo también formaliza un compromiso compartido entre las instituciones nacionales y locales para hacer cumplir la normativa medioambiental y combatir las actividades mineras ilegales en los territorios amazónicos.

Este reconocimiento se produjo en el marco de un movimiento, más que como un hecho aislado, ya que los municipios unieron fuerzas con los municipios vecinos de San Buenaventura y Rurrenabaque —que ya cuentan con leyes de «minería cero—, mientras los bolivianos siguen ejerciendo presión para que la minería sea declarada ilegal mediante la legislación nacional.

En un país donde la minería se ha priorizado a menudo por encima de los ecosistemas y la salud, estos dos municipios ofrecen un camino digno y sostenible hacia el futuro, en el que el desarrollo y la prosperidad económica no se basan en el extractivismo, sino en la producción agroecológica, la gobernanza local y la defensa del agua como bien común.