El Tribunal Supremo de Kenia ha dictado recientemente una sentencia histórica que anula la Ley de Privatización de 2023, lo que supone un importante revés para los intentos del gobierno de privatizar activos estatales y cumplir las condiciones establecidas por prestamistas internacionales como el FMI. La sentencia, sin embargo, ofrece lecciones clave para los defensores de la justicia hídrica y los países africanos de la Commonwealth que comparten marcos jurídicos similares en materia de participación pública y derechos constitucionales, especialmente en lo que respecta a la salvaguarda de bienes públicos esenciales como el agua.
Una victoria para la participación pública y la rendición de cuentas
En el centro de la decisión del Tribunal Supremo está el fracaso de la Asamblea Nacional de Kenia a la hora de garantizar una participación pública «significativa» durante el proceso legislativo. El tribunal, dirigido por el juez Chacha Mwita, consideró que los seis memorandos recibidos y las consultas con las partes interesadas elegidas a dedo no cumplían las normas constitucionales. Los artículos 10 y 118 de la Constitución de Kenia ordenan la participación pública en los procesos de toma de decisiones, pero el carácter excluyente del proceso legislativo de esta ley la hizo inconstitucional.
La sentencia muestra la importancia de la inclusión y la transparencia en la gobernanza, sobre todo cuando se trata de servicios esenciales o bienes nacionales. La participación pública no es sólo un requisito legal, sino también una piedra angular de la justicia, que otorga a los ciudadanos el poder de influir en las decisiones que afectan a sus medios de vida.
En el contexto de la privatización del agua, la sentencia resuena con fuerza en los movimientos mundiales de resistencia a la mercantilización de los recursos hídricos en África, América Latina, Europa y Asia Oriental. Al igual que el Tribunal sostuvo que debe respetarse una participación pública significativa en los asuntos económicos, los defensores de la justicia del agua pueden argumentar que las decisiones de privatizar los recursos hídricos también deben cumplir normas estrictas de transparencia, responsabilidad e inclusión.
Implicaciones para los países africanos de la Commonwealth
Muchos países africanos de la Commonwealth tienen estructuras jurídicas similares que consagran la participación pública y la responsabilidad gubernamental. Las lecciones de la sentencia de Kenia son especialmente pertinentes en los países en los que se están introduciendo programas de privatización respaldados por el FMI o políticas económicas neoliberales. Estas políticas se enfocan en la privatización de activos nacionales importantes, incluidas las empresas de suministro de agua, lo que socava el acceso de la población a un agua asequible y conduce a la exclusión de las comunidades vulnerables.
Por ejemplo, Ghana, Sudáfrica y Nigeria se han enfrentado a presiones similares para privatizar los recursos hídricos con el pretexto de mejorar la eficiencia y reducir las cargas financieras del Estado. Sin embargo, la sentencia de Kenia arroja luz sobre la posible inconstitucionalidad de tales medidas si eluden la participación pública o violan los mandatos constitucionales.
Proteger el agua como bien público
La sentencia keniana también refuerza el principio de que ciertos bienes públicos deben permanecer en manos del Estado por razones de seguridad nacional y bienestar público. El juez Mwita declaró inconstitucional la privatización del Centro Internacional de Convenciones Kenyatta, alegando su condición de monumento nacional. Del mismo modo, los servicios públicos esenciales, como el suministro de agua, deben considerarse activos nacionales que no pueden venderse sin una participación pública significativa y una protección adecuada de los derechos humanos.
En África y en todo el mundo, la privatización de los recursos hídricos se ha traducido a menudo en un aumento de los costes, la exclusión de los pobres y la degradación de la prestación de servicios. La situación en Sudáfrica, donde las comunidades de bajos ingresos de ciudades como Ciudad del Cabo siguen lidiando con facturas de agua elevadas y restricciones de caudal, sirve de ejemplo. El uso de la escasez de agua como justificación para la privatización de los servicios en tiempos de crisis intensifica la desigualdad, y las comunidades de escasos recursos se llevan la peor parte.
Desde la perspectiva de la justicia hídrica, la sentencia de Kenia sienta las bases para argumentar que el agua, al igual que los patrimonios nacionales o las industrias estratégicas, debe estar protegida por la ley como bien público. Esto garantiza que el acceso al agua siga siendo un derecho fundamental y no esté sujeto a las motivaciones lucrativas de las empresas privadas.
Lecciones globales para los derechos y la gobernanza del agua
Las implicaciones de la sentencia de Kenia van más allá de las fronteras africanas y ofrecen lecciones a la comunidad mundial sobre los riesgos de privatizar servicios esenciales, en particular el agua. En muchos países, incluidos los que están bajo la influencia de programas del FMI o del Banco Mundial, la privatización de los servicios de agua se ha topado con una resistencia generalizada. Ciudades como París y Buenos Aires han remunicipalizado sus servicios de agua tras desastrosos experimentos de privatización, reconociendo que el agua debe gestionarse como un bien público.
La sentencia judicial de Kenia también subraya el importante papel de los litigios como herramienta de defensa para salvaguardar los bienes públicos y los derechos humanos. Los movimientos por la justicia hídrica de todo el mundo pueden inspirarse en esta decisión para impugnar los planes de privatización que socavan el acceso público a los servicios esenciales.
La intersección de la ley, la justicia hídrica y los derechos humanos
La sentencia del Tribunal Supremo de Kenia sobre la Ley de Privatización de 2023 es una victoria significativa para la participación pública, la rendición de cuentas y la protección de los bienes nacionales. Para los defensores de la justicia del agua, pone de relieve la importancia de utilizar los derechos constitucionales como herramienta para resistir la privatización de recursos vitales. En toda África y fuera de ella, marcos jurídicos similares proporcionan una base para que las comunidades desafíen los intentos de mercantilizar el agua y otros servicios esenciales.
La decisión ofrece una poderosa lección: en un mundo en el que la desigualdad del agua va en aumento, proteger el agua como bien público no es sólo una cuestión de política: es una cuestión de justicia, de derechos humanos y de supervivencia de las generaciones futuras. Las naciones africanas y los movimientos mundiales por el agua deben tener en cuenta esta sentencia y garantizar que el derecho humano al agua siga estando en primera línea de la gobernanza y el servicio público.
Por: Leonard Shang-Quartey, AFF, Organizador para África